“El Estado es masculino en el sentido
feminista. El derecho ve y trata a las mujeres de la manera como los hombres
las ven y las tratan. El Estado liberal coercitiva y autoritariamente
constituye el orden social según los intereses de los hombres como género, a
través de la legitimización de sus normas, la relación con la sociedad y
políticas sustantivas...” (Catharine MacKinnon)
Si aceptamos esta reflexión propuesta por MacKinnon, sería conveniente
desaconsejar a las mujeres esperar alguna respuesta favorable por parte de este
instrumento patriarcal llamado Estado. Sin embargo, son cada vez más frecuentes
las apelaciones al derecho -más precisamente al sistema penal- por parte de los
movimientos feministas, en busca de soluciones a sus problemas y como forma de
reclamo de derechos. Pareciera que el derecho tiene soluciones para todo, de
una manera casi inmediata y con consecuencias efectivas: cualquier reclamo
social aspira a convertirse en una normativa concreta que especifique y regule cómo
se materializa el ejercicio de determinado derecho.
Ahora bien, deberíamos preguntarnos porqué se elige a la justicia penal
como solución más atractiva frente a determinados conflictos sociales. ¿Acaso
criminalizar la conducta que no nos gusta es la respuesta más fácil? ¿Es verdad
que para todo problema social hay una solución legal? Incluso, podríamos hacer
un análisis más osado e interrogarnos porqué cuando el derecho fracasa en la
solución a los problemas, se termina recurriendo a mayor demanda de derecho
para encubrir las deficiencias de la legislación vigente. Así, cuando
determinado comportamiento ya se encuentra tipificado en el código Penal, se
elevan las penas como si ello fuera a solucionar el problema.
Algunas respuestas posibles a estos interrogantes podrían ser las
siguientes:
·
La justificación de la apelación al derecho
penal tanto por las mujeres, como por otros grupos sociales, está dada por la
necesidad de recurrir con sus reclamos al Estado, por ser éste el encargado de
decidir y componer los conflictos sociales.
·
La importancia de la función simbólica del
derecho: ciertos temas –como lo es en este caso la violencia de género− pasan a
ser públicos y a ocupar un lugar en el discurso político y mediático, una vez
que son enmarcados dentro de un contexto juspenalístico.
·
La respuesta que se espera del derecho
penal, está íntimamente relacionada con las funciones propias de esta rama del derecho: la prevención general y especial
– mediante la amenaza del castigo, y/o la eliminación (encarcelamiento) del
responsable– el orden de valores que se pretende proteger en una determinada
colectividad y la función del derecho como instrumento pedagógico en la
formación de modelos culturales dominantes.
·
La atribución de responsabilidad en el
ámbito penal es individual, por lo
tanto, la utilización del derecho penal se mostraría eficaz en la imputación de
la conducta lesiva a individuos claramente identificables.
·
La apelación al derecho penal por parte de
grupos de mujeres, legitima la identidad colectiva del grupo actor, al ser
aceptados –y tomados en serio− dentro del discurso político.
Sin embargo, la realidad muestra que la apelación al derecho penal por
parte de varios grupos feministas, no ha tenido las consecuencias favorables
que éstos esperaban en un primer momento. De hecho, son muchas las
consecuencias negativas que se producen, una vez que el Estado interviene y le
expropia los conflictos a los grupos reclamantes. Sin hacer una enumeración
exhaustiva se pueden nombrar las siguientes: la simplificación del problema, el cambio
de rol de estos grupos al pasar de promotor
a la categoría de víctima, el pase de
un discurso de grupo autodeterminado
a la adquisición de un estatus de individuos
“susceptibles de ser vulnerados” y, por ende necesitados de protección
estatal, entre otras.
Dentro del contexto de las demandas de criminalización encabezadas por
algunos grupos feministas, se enmarca la discusión actual acerca de la
inclusión en el Código Penal Nacional de la figura de femicidio como agravante
del homicidio simple (art. 79 del Código Penal). Inclusión ésta que no
configura una excepción que escape a las consecuencias mencionadas en el párrafo
anterior.
El término femicidio
es un término político y constituye una de las formas más extremas de violencia
hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer, por
considerarla de su propiedad. Es decir, que no cualquier asesinato de una mujer
constituye un femicidio, sino únicamente
aquel que se lleva a cabo dentro de un contexto de violencia de género. El
glosario español de Género de IPS en su última versión,
define al feminicidio como el “asesinato
de la mujer en razón de su género, por odio hacia las mujeres, por rechazo a su
autonomía y su valor como persona o por razones de demostración de poder
machista o sexista. El feminicidio incluye una connotación de genocidio contra
las mujeres. Por esta razón se prefiere feminicidio a femicidio, un término que
hace referencia a todos los homicidios que tienen como víctima a una mujer, sin
implicar una causa de género. Sin embargo, algunos países han incorporado el
término femicidio a su ordenamiento jurídico con varias de las connotaciones
anotadas arriba para feminicidio.”
En la actualidad, el principal obstáculo que se advierte al momento de
abordar desde la justicia penal aquellas conductas que configuran femicidio, es
el desconocimiento de los jueces del componente sexista, inherente y
constitutivo de la conducta incurrida. Los magistrados suelen analizar los
casos de femicidio como si fuesen un homicidio más. O lo que es peor, los
minimizan sosteniendo que se trata de un “crimen pasional”, colocando a la
mujer en el papel de “sospechosa” de haber provocado el ataque que hizo al
sujeto “perder la cordura”.
Esta situación, ha sido advertida y denunciada por la totalidad de
aquellos movimientos que luchan por la igualdad entre hombres y mujeres y
buscan erradicar las distintas prácticas que configuran violencia de género.
Sin embargo, no todos los colectivos feministas han canalizado éste reclamo de
la misma manera.
La discusión semanas atrás en el Congreso Nacional de varios proyectos (ver más al respecto aquí y aquí) que tipifican la conducta de femicidio como un agravante del homicidio simple,
parecería dar cuenta que, desde el Estado, se ha primado el discurso
punitivista por sobre otros discursos (feministas) que también buscan combatir
esta práctica sexista.
La violencia de género es un fenómeno complejo, un problema social
transversal a las distintas clases sociales que debe ser abordado con leyes
integrales y no únicamente con un simple aumento de penas, que es lo que el
populismo punitivo exige y que en definitiva, sabido es que no consigue reducir
de forma significativa la comisión de los delitos.
Desde este espacio, sostenemos que el aumento en las penas para aquellos
casos que constituyan femicidio, no traerá aparejada una disminución de estas
muertes, ni generará un cambio en la conciencia social. La deficiencia no está
en la falta de leyes, sino en la forma en que éstas son aplicadas. Tanto la
legislación nacional (arts. 79 y 80 del Código Penal) como la internacional
(Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional como es la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer), brindan un profuso catálogo de normas que permiten castigar los
femicidios y que descartan el discurso de un vacío legal sobre el tema.
El problema actual está en la mala o nula aplicación de estas normas y
en la falta de políticas adecuadas que fomenten un verdadero abordaje hacia el
análisis de las cuestiones de género. La intervención del Estado debería
apuntar a ser anterior y no únicamente posterior al hecho en sí. En este
sentido, deberían surgir desde el propio Estado soluciones alternativas al
aumento de las penas, como sería el hecho de garantizar una protección adecuada
a aquellas mujeres que hayan sido víctimas de violencia. Es decir, garantizar
un verdadero acceso a la justicia
cuando se dan este tipo de casos. Esto es fundamental, ya que se sabe que no
son pocas las mujeres que descreen del sistema penal como un recurso que pueda
ayudarlas en su situación. ¿Cuántas veces ha pasado que los medios de
comunicación muestran un caso de femicidio donde las víctimas intentaron
denunciar los primeros maltratos y el personal policial no quiso recibirles la
denuncia? Incluso, hay casos donde las mujeres tienen miedo de hacer las
denuncias dentro del ámbito judicial y no saben dónde más acudir.
Otras soluciones alternativas, podrían ser: mejorar los mecanismos de protección existentes, tanto previos como
posteriores a la condena; realizar programas dirigidos a colectivos específicos
de mujeres; establecer desde los niveles iniciales de enseñanza escolar
programas educativos que incluyan la temática de género; realizar
capacitaciones en el ámbito judicial a los fines de que los operadores
jurídicos puedan visualizar y reconocer cuándo están en presencia de un
femicidio; entre otras.
Hacer prevalecer el discurso punitivista por sobre otros discursos, no
hace más que reforzar la idea de que el derecho penal es la solución a todos los males de nuestra sociedad y que
ésta parecería estar más interesada en el castigo que en la protección de sus
habitantes. Si bien es cierto que la creación de nuevas figuras penales o el
incremento de las sanciones conllevan una función simbólica, no podemos perder
de vista que -desde un Estado de Derecho que respeta la Constitución- ésta no
puede ser la única función perseguible por el derecho penal. También se espera
que éste sea eficaz y que defienda el principio de mínima intervención en
materia punitiva: el derecho penal es la “última ratio” y no la primera.
Julia Baliña
